FSC-CCOO Sector Autonómico | 21 noviembre 2024.

personal funcionario

CCOO denuncia dos nuevas privatizaciones de servicios públicos en la JCCM

  • La Administración Regional prefiere contratar, a través de una empresa privada, a 29 técnicas/os informáticos externos, antes que proveer estos puestos con personal público, seleccionando a quienes integran las bolsas de trabajo de personal funcionario de las Escalas Informáticas.
  • El Gobierno Regional formaliza un contrato de servicios, de más de un millón setecientos mil euros, destinado a la contratación de personal externo para realizar tareas propias del personal funcionario de los servicios de informática y anuncia otra licitación por un valor estimado del contrato de 10.918.218,5 EUR.

10/04/2023.
Por unos servicios públicos de calidad

Por unos servicios públicos de calidad

LA PRIMERA LICITACIÓN

Por un importe de 7.367.553,33 € (IVA incluido) el pasado mes de febrero, la Junta formalizó un contrato para la adquisición de equipamiento especializado y servicios de soporte de atención a usuarios del sistema de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha; Plan De Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por La Unión Europea – Next Generation EU.

Pincha aquí para acceder a la licitación.

Entre las prestaciones que conforman el contrato, figura el suministro, instalación y configuración de equipamiento para la renovación y dotación de dispositivos tecnológicos, así como los servicios de atención a personas usuarias a los centros y recursos de servicios sociales y atención a la dependencia sostenidos con fondos públicos dependientes de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.

Una parte de esta licitación (Lote 4) incluye la prestación de servicios del Centro de Atención a Usuarios (CAU) tecnológico a entorno socio-asistencial tanto en remoto como asistencia in-situ. El soporte que ofrecerán es el mismo que, sin ningún problema y con demostrada estabilidad y experiencia, ya ofrecen las y los técnicos del Centro de Atención al Usuario (CAU) de la JCCM para otros dispositivos y sistemas, por lo que se evidencia que estamos ante la privatización de tareas propias del personal funcionario de los servicios de informática.

EL PERSONAL CONTRATADO: 1.765.805,77 € ( IVA incluido) será el coste de la contratación de 29 trabajadoras/es externos por la empresa adjudicataria. Este contrato de servicios tiene una duración de 12 meses, existiendo la posibilidad de prórroga de hasta un máximo de 24 meses.

CCOO consideramos innecesaria e injustificada la contratación de personal externo para realizar tareas que son propias del personal funcionario. En el informe justificativo de necesidad del contrato se recoge como única argumentación: “La DGAD (Dirección General de Administración Digital) no dispone de equipamiento y medios personales propios y suficientes para la realización de las tareas objeto de este contrato.”

Si se estima necesaria la contratación de 29 personas por la carga adicional de trabajo, no se entiende por qué no se ha dedicado ese presupuesto de la Junta para incorporar las 29 plazas a personal funcionario en el marco de un programa temporal de empleo, suponiendo menor gasto, repartidas de igual forma por las provincias e integradas en la organización, con control/gestión de las jefaturas provinciales, etc.

Por otra parte, la atención de este personal técnico será necesaria más allá de los 24 meses máximos de duración de los contratos, ya que la adquisición de dispositivos y software, por valor de más de cinco millones y medios de euros, hará necesario su mantenimiento, actualización y resolución de incidencias.

Este personal técnico, al ser externo, no tendrá permisos ni acceso a las herramientas de gestión de usuarios y software de la JCCM, por lo tanto, el grueso de las incidencias, (las más comunes: altas de usuario, preparación de equipos, instalación de aplicaciones, impresoras, etc.) seguirán un proceso en el que se derivarán para su gestión al CAU público de JCCM, como ya se ha indicado desde los servicios informáticos. Este lote apenas solventa la carga de trabajo, complica su gestión y dilata su resolución de cara al usuario final.

La empresa adjudicataria no sólo obtendrá beneficios por la venta de dispositivos tecnológicos y software, además y conforme contempla el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y consta en el propio estudio económico de esta licitación, ingresará un 6% de “beneficio industrial” en el montante de la partida de personal, al que hay que sumar un 9,9% de gastos de desplazamiento, gastos que no realiza el personal funcionario de nuestra Administración al estar presentes en toda la región.

LA SEGUNDA LICITACIÓN

Publicada el pasado 27 de marzo, y de la que sólo conocemos el anuncio, tiene como objeto la contratación de una plataforma de transformación digital de procesos y servicios de minería y análisis de procesos, y una plataforma de automatización de procesos y servicios para el desarrollo, integración, puesta en producción y mantenimiento de procesos automatizados mediante tecnología RPA; Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

Incluye servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo; y paquetes de software de TI, con un valor estimado del contrato de 10.918.218,5 EUR y un plazo de ejecución de 24 meses, prorrogables a 36.

Picha aquí para acceder a la licitación.

Estos servicios no generarán más puestos de trabajo ni mejorarán su prestación por privatizarlos. Nos encontramos con una transferencia de dinero público a la empresa privada, que no sólo tiene que cubrir los salarios de la gente empleada, sino que además tiene que arañar un «beneficio» que asumirá la ciudadanía.

Nada parece aprender la Administración: estamos ante licitaciones análogas a las que, el pasado año, supusieron la privatización de servicios propios de las Brigadas de Fomento provocando movilizaciones de las trabajadoras/es en los parques de carreteras de toda la Región.

Como manifestó CCOO en aquel momento, exigimos:

PRIMERO: La suspensión, tanto del contrato de servicios formalizado como del anuncio de la nueva licitación, ya que el informe preceptivo del primero carece de la adecuada motivación expresiva de una precisa planificación y previsión de las necesidades reales que justifiquen una contratación pública. Asimismo, cualquier contratación de personal requiere de previa información y negociación con los sindicatos sobre una materia que reviste una especial importancia en la afectación a las condiciones de trabajo del personal público que viene prestando estos servicios.

SEGUNDO: Que conforme a los principios recogidos en la Ley de Empleo Público de Castilla La Mancha, de Servicio a la Ciudadanía y a los intereses generales, y de negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de empleo, sean comunicadas a las organizaciones sindicales, en tiempo y forma, todas las licitaciones que afecten al personal de la JCCM.

TERCERO: Que sea trasvasado el presupuesto de las dos licitaciones a la contratación de puestos de personal público en el marco de programas temporales de empleo y que, a su finalización, estos puestos pasen a integrarse en la estructura de la Administración cuando, como es el caso, persista la necesidad que motivó la aprobación de dichos programas temporales.

CCOO esperamos una respuesta de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Dirección General de Administración Digital, subrayando que no vamos a dejar de denunciar la privatización de los Servicios Públicos, y emprenderemos las acciones sindicales y legales que estimemos oportunas si no se atienden nuestras reivindicaciones y se procede a su reversión.

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