FSC-CCOO Sector Autonómico | 28 abril 2024.

Las Empleadas de la Junta de Andalucía continuamos exigiendo que se cumpla la ley.

  • En el conjunto de Andalucía los salarios de las mujeres deberían subir 5.136 € (26,48%) para alcanzar el salario de los hombres. Esa es la brecha salarial entre mujeres y hombres, datos que aportó la Consejería de Igualdad el 22 de febrero, día por la igualdad salarial.
  • Desconocemos ese dato para la plantilla de la Administración General de la Junta de Andalucía, y que fue en el último informe de impacto de género de los Presupuestos Generales elaborados por el anterior gobierno donde apareció por última vez este dato, y se situaba en 14,5%. Nada desdeñable en una RPT conformada en un 63% por mujeres

10/03/2022.
8 M

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En el conjunto de Andalucía los salarios de las mujeres deberían subir 5.136 € (26,48%) para alcanzar el salario de los hombres. Esa es la brecha salarial entre mujeres y hombres, datos que aportó la Consejería de Igualdad el 22 de febrero, día por la igualdad salarial.  

Se da el caso que desconocemos ese dato para la plantilla de la Administración General de la Junta de Andalucía, y  que fue en el último informe de impacto de género de los Presupuestos Generales elaborados por el anterior gobierno donde apareció por última vez este dato, y se situaba en 14,5%. Nada desdeñable en una RPT conformada en un 63% por mujeres. Sí conocemos que la pérdida de empleo público durante esta legislatura y hasta junio del pasado año alcanza el 6% y la temporalidad por esa fecha ya estaba en el 20%,  sin contar con planes de choque, fondos europeos y nuevas interinidades. Un dato más, con este Gobierno se aumenta el número de altos cargos en 31 (14,6%), de los que solo 6 son mujeres.

La Junta de Andalucía prepara con entusiasmo el Plan Estratégico de Igualdad para Andalucía para afrontar los grandes retos de desigualdad en nuestra Comunidad Autónoma, olvidando su propia casa donde las mujeres, que son el 70% del personal laboral alcanzan una tasa de temporalidad del 31%, o que los puestos peor retribuidos están claramente feminizados, uniendo segregación horizontal y vertical, ya que el empleo público no es ajeno a la división sexual del trabajo. Como muestra la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, donde de cada 10 puestos de trabajo, 8 lo ocupan mujeres; así son 375 las mujeres teleasistentes (85%) y en la cumbre, en la Dirección Gerencia se sienta un hombre.

El primer Decreto aprobado en este año por la Consejería de Igualdad, PS y C que regula la Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad regula  que sólo por cumplir con la ley en materia de igualdad las empresas serán condecoradas con una marca de excelencia por la Junta de Andalucía apoyándose en el marco legal que desarrolla el principio de igualdad entre mujeres y hombres. La paradoja es que es el propio gobierno andaluz quien ni siquiera alcanza este mínimo legal de dotar de un Plan de Igualdad a su personal de administración general y entes instrumentales y por tanto, quien queda lejos del desarrollo de este principio constitucional y quien no respeta los preceptos legales que dice defender.

Lejos estamos de que en la administración autonómica se apueste por la igualdad entre mujeres y hombres y se combata la división sexual del trabajo y sus consecuencias de segregación y discriminación. Se equivoca y malversa el teletrabajo cuando la administración lo entiende y lo vende como conciliación, cuando ha quedado demostrado que sin las medida correctoras necesarias se convierte en una trampa mortal de desigualdad. Para poder profundizar más en esto seguimos exigiendo (sin éxito) a la Junta que facilite los datos de teletrabajo segregado por sexos como marco de estudio con perspectiva de género ya que los datos generalizados aportan información sesgada.

El compromiso con la igualdad que tan a gala lleva la Consejería de Igualdad, Servicios Sociales y Conciliación no tiene su réplica para el propio personal. Seguimos a la espera de que este asunto sea tomado con la seriedad que merece y se cumplan todas y cada una de las leyes que obligan al gobierno bipartito a contar con Planes de Igualdad como herramienta para abordar todas las desigualdades desde un diagnóstico completo. La igualdad en la que vivimos es sólo formal, contamos con un conjunto de leyes y normas para garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres, pero queda en entre dicho cuando se hace un análisis objetivo de los datos y comprobamos el incumplimiento de la igualdad de trato y no discriminación. Exigimos igualdad real.